Finanzas.com 24/09/12.- Un grupo de cooperativistas, propietarios de viviendas de protección oficial en Toledo construidas en el barrio de Santa María de Benquerencia, han exigido a la Junta y a la CCM una solución, ya que la entidad financiera les ha cobrado, de sus cuentas corrientes, una subvención que debería pagar la Junta.
Los afectados por esta situación han explicado en un escrito remitido hoy a los medios de comunicación que la situación se remonta a 2008, cuando la cooperativa CSI CSIF, junto con la gestora Gesico Fincas y la constructora Oligarry, recibieron el visto bueno para el proyecto de viviendas situadas en la avenida Guadarrama.
En esta promoción de 193 viviendas, los cooperativistas solicitaron las ayudas que concedía la Conserjería de Vivienda y Urbanismo para fomentar la construcción de vivienda de protección oficial (VPO), y en 2010, a cada cooperativista, en la actualidad vecinos del edificio, se les notificó por carta la resolución, con los importes de dicha ayuda.
Además, ante la falta de liquidez de la Junta en 2010, según los cooperativistas, la administración regional acordó un convenio con varias entidades bancarias, entre ellas CCM, en el que se recogía que dicho banco adelantaba las ayudas concedidas por la Junta, que debía abonar la cantidad en un plazo de dos años.
De esta forma, los cooperativistas añaden que en marzo de 2010, la promoción fue entregada y se firmaron las hipotecas con la CCM.
Pero los afectados denuncian que en julio de este año, el director de su sucursal de la CCM les alertó de que, dado que la Junta no ha abonado las ayudas, la entidad financiera iba a proceder a ejecutar los préstamos, si bien alegan que ellos desconocían la existencia de dichos préstamos, pues según la información que les había facilitado la entidad, contaban con que se trataba de una cesión de derecho de subvención.
Los cooperativistas insisten en que desconocían la existencia de tal préstamo a su nombre y argumentan que la entidad utilizaba palabras como pacto, convenio o cesión.
Decidieron acudir a la Junta que, según la versión de los afectados, pactó un plazo de tres meses con la CCM para abonar las ayudas.
Sin embargo, “cuál es la sorpresa de todos los afectados” cuando la CCM ejecutó dichos préstamos el 17 de septiembre, “sin notificación ni comunicación previa por parte de la CCM”.
Esta ejecución ha dejado las cuentas corrientes de 20 familias a cero, “sin ningún tipo de aviso ni explicación por parte de la CCM”, denuncian los afectados, quienes también critican que este préstamo genera unos intereses del 24 por ciento y que van a ser incorporados a la lista de morosidad, lo que provocará que también les cuente como morosos la cantidad pendiente de hipoteca.
Además, la CCM les ha advertido de que retendrán todo el dinero que entre en sus cuentas hasta que quede cancelado dicho préstamo.
Por todo ello, los afectados por esta situación instan a la Junta y a la CCM a que respeten el convenio firmado en 2008 y se resuelva su situación “lo antes posible”, y critican la actitud de CCM, que ha actuado “con engaños y de mala fe”.
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