MSN Noticias, 12/02/2013.- “El ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado en el Congreso de los Diputados la modificación parcial de la ley de tasas judiciales. Solo dos meses después de entrar en vigor la norma que extendía a todas las jurisdicciones salvo la penal las tasas y elevaba su cuantía, el ministro ha explicado que aprobará en breve un decreto que modificará esa ley y que anticipará aspectos concretos del proyecto de ley de Justicia gratuita que prepara.
La rectificación se basa en un informe de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. Gallardón mantiene la filosofía de las tasas pero ha aceptado estudiar rebajas de cuantías en algunos casos y la eliminación, por ejemplo, para los casos de desahucios de primeras viviendas.
Otros casos se refieren a recursos de la legislación social (laboral), para recursos de personas jurídicas y para casos de derecho civil y derecho mercantil con cuantía variable. También se anticipará la supresión para casos vinculados a malos tratos, aunque no ha especificado más y ha anunciado que la rectificación estará concluida esta misma semana.
Las diferentes asociaciones de jueces y fiscales que conforman la comisión interasociativa anunciaron la convocatoria de una huelga para el próximo 20 de febrero en protesta por las reformas emprendidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
El pasado mes de enero ya advirtieron que tomarían esta medida si no obtenían una ‘respuesta satisfactoria’ del Ministerio de Justicia a sus demandas en relación con el anteproyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, según estas organizaciones, ‘afecta a las garantías de independencia del Poder Judicial.
La p rotesta se alza contra medidas como las nuevas tasas judiciales o la reforma del Consejo General del Poder Judicial, así como los cambios en el Registro Civil.
Las nuevas tasas judiciales comenzaron a aplicarse -como es norma- tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden del Ministerio de Hacienda por la que se aprueba el modelo de autoliquidación y de solicitud de devolución de las tasas.
Dicha norma establece la forma, plazo y procedimientos de presentación de los formularios, tanto de autoliquidación como los de solicitud de devolución por solución extrajudicial de tasas judiciales, que se podrán presentar en un plazo de cuatro años desde el momento que la resolución adquiera firmeza. Sin embargo, las devoluciones no se podrán solicitar hasta el 1 de abril de 2013, ya que hasta el momento no estarán plenamente interconectadas la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la oficina judicial para que esta transmita telemáticamente a la primera la información que requiere para proceder a la devolución.
La Ley que regula las tasas judiciales entró en vigor el pasado 20 de noviembre y grava la interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales, así como en la interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuestiona la reforma penal impulsada por Gallardón, al dudar de la constitucionalidad de la prisión permanente revisable y de la custodia de seguridad.
- Respecto a la pena privativa de libertad de forma no temporal el CGPJ dice no excluye el reingreso del penado al entorno social, cosa que no ocurriría cuando se le aplicara la prisión permanente al penado.
- Sobre la custodia de seguridad, el organismo judicial critica que esté ‘regulada como una medida privativa de libertad a cumplir por el imputable tras el cumplimiento de la pena de prisión a la que haya sido condenado’ y que no se especifica el comienzo, la revisión, modificación o cese de la pena.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha contestado a las protestas del mundo judicial hacia sus reforma de la Ley de Tasas y ha declarado que los jueces están ‘disgustados’ por perder la paga extra y haberles reducido de 18 a 12 sus días de asusntos propios y su oposición a las reformas responde a ‘intereses corporativos’.
Además, anunció que las víctimas de violencia de género, de terrorismo, tráfico de seres humanos, menores y discapacitados, estarán exentas de tasas -suponen el 10% de un proceso jucidial- y de todo el coste judicial.
Ante el rechazo desde el ámbito judicial de los profesionales a la Ley de Tasas, Ruiz-Gallardón ha respondido que ‘a lo que existe rechazo es al mal funcionamiento justicia’. No en vano, la última encuesta del CIS refleja que los españoles clasifican la Justicia como ‘el servicio público peor valorado’.
Todas las asociaciones de jueces y fiscales protestan hoy frente el Ministerio de Justicia y ante las sedes judiciales de las capitales de provincia por la ‘grave’ situación que atraviesa la Administración de Justicia y contra la subida de las tasas judiciales, aprobada recientemente por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Las reformas legislativas anunciadas en la Justicia han convulsionado al sector al afectar a su estatuto profesional, a la carga de trabajo de los tribunales y al funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial ha suscitado el malestar de los togados al dejar en excepcional la actuación de los jueces sustitutos y de los magistrados suplentes, elevando así la carga de trabajo que soportan los titulares. La nueva ley reduce también los permisos de los jueces, modifica su régimen de licencias por enfermedad o ‘debilita’ su órgano de gobierno, el Consejo del Poder Judicial, según denuncian las asociaciones.
El proyecto que dispara las tasas judiciales también ha recogido el rechazo unánime de los colectivos profesionales que consideran que dificulta el acceso del ciudadano a este servicio público.
La subida de las tasas judiciales anunciada por el Gobierno y publicada en el BOE debería entrar en vigor este jueves. Sin embargo, no será así debido a que los impresos aún no están listos. Así lo explicó el subsecretario de Estado de Justicia, Juan Bravo, quien aclaró que no comenzarán a pagarse hasta que estén listos los formularios.
Estos podrían estar preparados en ‘las próxima semanas’ y hacerlo es competencia del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Justicia, por su parte, comunicará el retraso a todos los secretarios judiciales para que no apliquen aún las nuevas tarifas”.