La aprobación de la “Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, por la que los tribunales de este orden jurisdiccional asumirán todos los asuntos relativos a accidentes laborales, seguridad e higiene en el trabajo y vulneración de derechos en el ámbito laboral, especialmente acoso y discriminación” servirá para “evitar el peregrinaje jurisdiccional en casos que ahora concluyen en procesos paralelos en los juzgados de lo Social, lo Civil o en el Contencioso-administrativo y, al clarificar el orden judicial competente, se mejora la tutela judicial efectiva, lo que representa mayor seguridad para el mercado laboral, más transparencia y menor gasto para empresas y trabajadores. Quedan al margen los casos penales, litigios sobre recaudación de la Seguridad Social y las excepciones derivadas de los procesos concursales”.
Este proyecto de Ley está enmarcado en un plan general de modernización y reforma de nuestro sistema judicial, que tal y como afirma el artículo publicado en elderecho.com “constituye una auténtica jurisdicción social, especializada y con competencia plena en los asuntos relativos a los derechos de los trabajadores. Aprobado por el Gobierno, en primera lectura, el pasado mes de septiembre, el proyecto de Ley será remitido ahora a Las Cortes para su debate”.
Con esta Ley se contribuye al proceso de recuperación económico agilizando y reduciendo costes, “ofreciendo al trabajador y a los beneficiarios de las prestaciones sociales una respuesta judicial más homogénea y eficaz”.
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